Por Juan Antonio Montes Varas
Director Acción Familia
A pesar de que somos cada vez menos, los chilenos que concurrimos a votar lo hacemos en cumplimiento de un deber cívico, como se acostumbra a decir. Pero sobre todo con la esperanza de que aquellos por los cuales votamos, si resultan elegidos, dirijan los destinos de nuestra comuna o de nuestro País o, en los bancos del Parlamento, le den leyes que se impongan.
Probablemente sean estas también las razones por las cuales Ud. concurra a las votaciones.
Sin embargo, si supiésemos que nuestro voto no va a decidir nada, pues quienes mandan en Chile no son las autoridades que resultan electas, sino otras personas desconocidas e incluso foráneas, creo que ni Ud., ni nadie, concurriría a votar.
¿Para qué darse la molestia, si después manda un extranjero, o entonces una ONG financiada no se sabe por quién y en todo caso no elegida por nadie?
Sin embargo, esto que parece un absurdo, que las autoridades chilenas no manden en Chile, es una verdad que cada vez se hace más evidente.
Digamos primero lo que todos consideramos como normal. Un Presidente electo, debe nombrar a sus Ministros y éstos deben aplicar las políticas públicas conforme al programa propuesto a los electores. Así, por ejemplo el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación deberán velar para que se cumplan las promesas gubernamentales.
Esto, que parece tan obvio, es lo que cada vez menos se cumple. La creciente internacionalización del derecho afecta, muy principalmente, a la autonomía soberana de los países. Los organismos internacionales y los grupos de presión, por sus interpretaciones torcidas de los tratados internacionales sobre derechos humanos, son los que terminan dictando las políticas públicas en los países, y Chile, en esta materia, no es una excepción.
Veamos un ejemplo ocurrido hace pocas semanas en Panamá y que afecta asuntos muy sensibles de nuestra política interior.
Con fecha del pasado 6 de diciembre, se informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), con sede en Washington, pero en sesión realizada en Panamá, exigió a Chile para que cumpla “todos los acuerdos” sellados con el lobby homosexual, en materias como la legalización del mal llamado “matrimonio homosexual” y la falaz “identidad de género”.
No se trata de que el actual gobierno de la Nueva Mayoría no esté impulsando esas leyes, pues de hecho lo está haciendo. De acuerdo a la información proporcionada, la queja es que el Gobierno no estaría avanzando en la implementación de esos proyectos con la rapidez exigida por el lobby homosexual.
Como el hecho puede parecerle medio inventado, damos a continuación la noticia tal cual ella fue publicada por los medios, en un castellano que deja mucho que desear.
“Otro aspecto abordado en la reunión (de la CIDH con el lobby homosexual) fue el atraso en el acto por el matrimonio igualitario, donde deben participar los tres poderes del Estado. Tal acción estaba comprometida para (el mes de) septiembre (pasado), luego se postergó para noviembre y, en una reciente reunión del Movilh con la vocera de Gobierno, Paula Narváez, se acordó realizarlo en enero (próximo). A cambio, la ministra comprometió que transmitirá a los partidos de la Nueva Mayoría la relevancia de la Ley de Identidad de Género, en el marco del proceso de las prioridades legislativas que está definiendo el oficialismo.
“La CIDH tomó nota de que el plazo final y definitivo es enero para la realización del acto”, apuntó Gómez, (un dirigente del lobby homosexual presente en la reunión)
La cita con la CIDH tuvo lugar en el Hotel Radisson Decapolis, de Panamá, en el marco del [actual] Periodo Ordinario de Sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
Recapitulemos, en cámara lenta, la información proporcionada.
Un supuesto “sabio” de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de nombre Eugenio Botero Gil, de nacionalidad colombiana, atiende a representantes de un minúsculo organismo constituido por pocas decenas de chilenos, de acuerdo a información proporcionada por ellos mismos, pero que encuentra mucha acogida en los medios de comunicación porque promueve las conductas homosexuales.
La reunión en cuestión tiene lugar en Panamá, a 4812.4 de kilómetros y a seis horas de vuelo de nuestra capital. En conclusión de esta reunión, se exige al Estado chileno que “cumpla” con el compromiso asumido por una ministra de seguir las indicaciones de ese insignificante organismo no gubernamental.
Por supuesto que el Estado chileno, representado por el actual gobierno de la Nueva Mayoría, se dobla en cuatro para atender, de modo sumiso y servicial, los mandatos de estos dos organismos por los cuales ningún chileno votó y del que nadie ni si quiera sabe muy bien quienes son.
Digamos de pasada, que en una reciente elección municipal, uno de los más noticiados promotores de esta organización, de apellido Jimenez, se presentó para concejal de la Municipalidad de Santiago en 2004 y sacó un 1,9% de los votos. Posteriormente se volvió a presentar para les elecciones parlamentarias en 2013 y tampoco fue electo.
O sea, dos organismo, uno no oficial y otro extranjero, sin ninguna representatividad nacional, conminan al Gobierno chileno para que aplique leyes, establezca prioridades, presente indicaciones, ponga urgencias, etc., etc. , de acuerdo a lo que este puñado de personas, sentados en un lujosos Hotel de Panamá, consideran necesario.
Ud. me preguntará en qué entra el Poder Legislativo en todo esto. ¿No son acaso ellos, los senadores y parlamentarios elegidos, a quienes les corresponde por imperativo constitucional, tramitar los proyectos en cuestión?
La misma noticia que comentamos, da respuesta a esta evidente perplejidad.
Resulta que hubo tres diputados, los Sres. José Antonio Kast, Arturo Squella y José Antonio Coloma, que presentaron recientemente en la Contraloría General de la República un escrito que busca declarar ilegal el referido acuerdo entre el Gobierno y el Movilh, ahora promovido por la Comisión Interamericana de DH.
De acuerdo a la noticia, el representante de la CIDH, Sr. Botero Gil, declaró que tal recurso no tenía ninguna importancia, pues de acuerdo a su olímpica opinión “ ya en el pasado habían sucedido situaciones similares en Chile y el país había respetado sus acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.”
O sea, para estos organismos, y para el Gobierno de Chile, poco o nada importa que esté en curso un proceso de evaluación de la legalidad de tal acuerdo ante la Contraloría General de la República. Lo único que importa es lo que decidan un funcionario internacional y un organismo que representa a un grupo de presión.
Pero, quizá algún auditor, pueda hacernos la siguiente objeción:
Lo que ocurre es que los DDHH son derechos universales que trascienden las legislaciones nacionales, y, en ese sentido, se comprende que sean organismos internacionales de control los que decidan al respecto, y que para tal se sirvan de estas ONGs locales.
A nuestro hipotético auditor objetante, le respondemos que nada está más lejos de la realidad. Si los llamados DDHH fuesen aquellos derechos con que Dios dotó a la persona humana y que todo Estado debe respetar, el primero de los cuáles es el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, entonces sí se puede decir que se trata de derechos universales que trascienden las legislaciones nacionales, porque es necesario, como dice San Pedro, “obedecer a Dios antes que a los hombres”.
Pero si se entiende por “derechos humanos” reivindicaciones inmorales como el supuesto derecho de la mujer a matar a su propio hijo en el vientre materno – un crimen abominable promovido por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos – o entonces el supuesto derecho de los homosexuales a contraer matrimonio, a pesar de que las relaciones homosexuales son un pecado gravísimo, en esos casos debemos concluir que no son derechos, no son humanos, ni constituyen una ley superior que se deba respetar y que trasciende la soberanías nacionales.
Tanto más cuánto la propia Convención Interamericana de Derechos Humanas, que la CIDH debería supuestamente proteger, declara en su artículo 4° que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida” y que “este derecho estará protegido por la ley […] a partir del momento de la concepción» y de que, en su artículo 17, declara que “se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia”, lo que excluye una pareja del mismo sexo.
Como Ud. puede ver, estimado radioyente, el hecho de llamarse CIDH no garantiza para nada que realmente este organismo esté promoviendo lo que los chilenos verdaderamente respetuosos de los derechos de las personas, entendemos como tales. Entre los cuales, el primero y más evidente, es el derecho de “ofrecer a Dios, que nos crea, el justo y debido homenaje”, como señala el Papa Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris.
Entonces es lógico que Ud. y yo nos preguntemos, ¿Quién manda en Chile? Y, si los que mandan son extranjeros o líderes de minúsculos grupos de presión, ¿para qué votar en las elecciones? Son preguntas que se imponen delante de estas noticias.
Pero más importante aún. De acuerdo a la información que le proporcionamos, a partir de enero próximo será el movimiento homosexual quien determinará los cursos que se deben impartir en los colegios en materia de identidad de género. Es decir, su hijo o nieto será (de)formado por este lobby homosexual.
¿No le parece que es el caso de protestar? ¿Cómo? Comenzando por preocuparse por lo que le enseñan en el colegio al cual concurren. Juntándose con los otros papás y apoderados para advertirlos, informándose al respecto.
Como decía un dicho trasandino: “Si no se queja, no se queje”. Lo que quiere decir más o menos lo mismo que: “no adelanta llorar sobre la leche derramada”.
Muchas gracias y recuerde que nos puede seguir en www.accionfamilia.org.
Nos encontramos la próxima semana.